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sábado, 10 de enero de 2026
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    El Palacio Almundí será rehabilitado con 40 trabajadores de un Programa Experiencial de Empleo

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    La concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé. Foto: Ayuntamiento de Murcia

    El Ayuntamiento de Murcia ha recibido la aprobación definitiva de la subvención del Servicio Regional de Empleo y Formación para poner en marcha el Programa Experiencial de Empleo Almudí, cuyo inicio está previsto para el primer trimestre de 2026. La iniciativa permitirá mejorar la empleabilidad de 40 personas desempleadas mediante formación certificada y trabajo efectivo en proyectos municipales.

    El programa se articula en torno a la rehabilitación integral del Salón de Actos del Palacio Almudí, que será adaptado como espacio polivalente para actos institucionales, conferencias, presentaciones y exposiciones. Las actuaciones previstas incluyen la demolición de la tarima existente, la retirada de panelados y falsos techos, la instalación de nuevos trasdosados acústicos, un pavimento laminado de alta resistencia y la dotación de mobiliario modular.

    La intervención se ejecutará respetando la protección patrimonial del edificio, al centrarse en elementos que no forman parte de la estructura original del inmueble, con el objetivo de compatibilizar su conservación histórica con nuevos usos funcionales.

    Formación y contratación durante 12 meses

    El Programa Experiencial Almudí combina formación teórica acreditada y práctica profesional en entornos reales. Las personas participantes serán contratadas por el Ayuntamiento de Murcia durante 12 meses mediante contratos de formación en alternancia, con una retribución equivalente al 100% del salario mínimo interprofesional.

    Los itinerarios formativos permitirán obtener certificados profesionales de nivel 1 y 2 en especialidades como fontanería y climatización doméstica, carpintería y mueble, instalaciones eléctricas, saneamiento y pintura, así como instalación de placas de yeso laminado y falsos techos.

    Además de la actuación en el Palacio Almudí, el programa contempla mejoras en centros sociales de mayores y instalaciones deportivas, con intervenciones en el Centro Social de Mayores de La Paz y el Polideportivo de Corvera. También se prevén actuaciones en el CFIE El Palmar, CFIE La Fica, la Agencia de Desarrollo Local, el Centro de Recursos de Empleo de Alquerías y el Aulario Peridis, así como el avance en el Espacio Polivalente Sostenible del CFIE El Palmar.

    “El Programa Experiencial Almudí es un ejemplo de cómo las políticas activas de empleo pueden generar un impacto real, ofreciendo una oportunidad laboral y formativa a personas desempleadas, al tiempo que recuperamos y ponemos en valor espacios emblemáticos del patrimonio municipal”, ha señalado la concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé.

    El coste total del programa asciende a 1.422.908,23 euros, de los que 1.155.406 euros proceden del Servicio Regional de Empleo y Formación y 267.502,23 euros corresponden a la aportación municipal.

    El Gobierno activa un registro voluntario para acreditar espacios de datos confiables en España

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    El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, Foto: Gabriel Luengas

    El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha puesto en marcha la Lista de confianza de espacios de datos, un registro oficial y voluntario que identifica los proyectos que cumplen los requisitos técnicos y de seguridad definidos a nivel estatal. La iniciativa busca ordenar un ámbito aún incipiente y facilitar referencias comunes para empresas y entidades interesadas en compartir datos en entornos regulados.

    La inscripción en el registro se apoya en la especificación UNE 0087:2025, elaborada por la Asociación Española de Normalización, que fija un marco común para la creación y operación de espacios de datos en España. Según el departamento que dirige Óscar López, esta norma establece criterios técnicos, organizativos y de seguridad que deben superar los espacios inscritos.

    La información accesible al público incluirá los datos de contacto, la página web y una breve descripción de la entidad titular del espacio de datos. El objetivo es ofrecer visibilidad a las iniciativas que se ajustan a los estándares definidos y facilitar su identificación por parte de potenciales usuarios o socios.

    Relación con las ayudas públicas

    El Ministerio ha vinculado este registro con el programa de ayudas Kit Espacios de Datos, al señalar que la lista puede ampliar el número de proyectos elegibles. “Ambas propuestas funcionan de forma coordinada. El ‘Kit’ proporciona los recursos para la incorporación de entidades, mientras que la lista establece el marco de referencia”, ha indicado Transformación Digital. Las ayudas pueden solicitarse en la sede electrónica de Red.es hasta el 31 de marzo.

    Fepex rechaza el acuerdo con Mercosur por falta de beneficios

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    Mercado mayorista de frutas y hortalizas de Mercamurcia. Foto: Mercamurcia.

    Los exportadores españoles de frutas y hortalizas consideran que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur no aporta ventajas al sector nacional y sí introduce concesiones asimétricas que favorecen a los países terceros. Así lo ha trasladado la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), organización en la que se integra la murciana Proexport.

    Desde la federación sostienen que el acuerdo supone “más concesiones” para los países de Mercosur y alertan de que permitirá un acceso prácticamente libre de frutas y hortalizas procedentes de estos mercados al ámbito comunitario. A su juicio, se trata de un desarme arancelario que previsiblemente se traducirá en un incremento de las exportaciones de estos países hacia la Unión Europea, sin un retorno equivalente para los productores comunitarios.

    Fepex subraya que los mercados de Mercosur ofrecen escasas oportunidades para la mayoría del sector hortofrutícola europeo. Según sus datos, la exportación comunitaria de frutas y hortalizas de la UE a Mercosur alcanzó en 2024 un volumen de 201.503 toneladas, con un valor de 255 millones de euros, siendo las manzanas y peras los productos más enviados.

    En sentido contrario, la importación de frutas y hortalizas desde Mercosur hacia la UE se situó en 759.843 toneladas, por un valor de 984 millones de euros. Los productos más importados fueron los incluidos en el capítulo arancelario 0807, fundamentalmente melones, sandías y papayas, con 278.253 toneladas y 269 millones de euros.

    Según lo acordado en la negociación, el tratado prevé la liberalización del 99% del comercio agrícola de la UE y que Mercosur abra su mercado al 88% de los bienes agrarios comunitarios, un equilibrio que el sector considera desfavorable para las producciones europeas.

    El análisis del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación indica que las exportaciones agroalimentarias y pesqueras españolas a Mercosur crecieron en 2023 un 5,4%, hasta los 420 millones de euros, mientras que las importaciones descendieron un 29,4%, hasta los 4.094 millones. Pese a ello, el déficit comercial aumentó un 32%, situándose en 3.674 millones de euros.

    Los principales productos españoles exportados a Mercosur fueron el aceite de oliva, el vino y el mosto y las frutas de hueso, mientras que por el lado de las importaciones destacaron las habas y tortas de soja y el maíz.

    El 82% los gestores percibe un empeoramiento sostenido de la situación de los autónomos

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    Una camarera trabajando en un bar de Madrid. Foto: Jesús Hellín - Europa Press

    El 82,04% de los gestores administrativos considera que la situación de los autónomos ha empeorado en los últimos cinco años, frente a un 6,59% que percibe alguna mejora, según el último Barómetro del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, elaborado entre finales de 2025 y comienzos de 2026.

    Los impuestos son el principal foco de preocupación para los autónomos, citados por el 34,34% de los gestores, seguidos de las cuotas y cotizaciones con un 27,11%, la inseguridad jurídica con un 12,05% y la burocracia con un 9,64%. El estudio apunta a un deterioro de la relación con las Administraciones Públicas, descrita como “cada vez más distante”, hasta el punto de que la mitad de los encuestados califica el trato recibido como “muy insatisfactorio”.

    El 89,22% de los gestores cree que el Gobierno no consulta a los autónomos antes de aprobar medidas que les afectan. La percepción de respeto institucional obtiene una puntuación media de 1,65 sobre 5, reflejando una falta de reconocimiento generalizada. A ello se suma un sistema de protección que “no genera confianza” y un marco fiscal que los encuestados consideran “poco claro y difícil de prever”.

    Fiscalidad, abandono de la actividad y economía sumergida

    Más de un 35% de los gestores admite que sus clientes no comprenden bien los gastos deducibles del IVA, especialmente en conceptos cotidianos. El vehículo es el gasto que genera más conflictos de deducibilidad, señalado por dos de cada tres sectores, muy por encima de otros costes habituales del trabajo diario.

    Este contexto de presión e inseguridad tiene efectos directos sobre la continuidad de la actividad. El 47,92% de los gestores señala que parte de sus clientes opta por pasar a trabajar por cuenta ajena o a opositar, mientras que el 43,75% afirma que algunos abandonan directamente el mercado laboral. Además, un 14,58% reconoce que una parte de los autónomos acaba desplazándose hacia la economía sumergida.

    El informe también refleja que casi cuatro de cada diez autónomos lo son porque “no les queda más remedio”, lo que sitúa al autoempleo como una salida de supervivencia más que como una opción de emprendimiento en contextos de inestabilidad laboral.

    Jubilación, cotizaciones y confianza en el gestor

    En materia de pensiones, casi la mitad de los gestores considera que menos del 25% de sus clientes alcanzará una jubilación razonable, entendida como una pensión igual o superior a 1.200 euros mensuales. Solo un 7,23% cree que los autónomos podrán jubilarse entre los 60 y 65 años, mientras que más del 76% retrasa esa expectativa hasta los 66 años o más.

    El 69% de los encuestados detecta una fuerte incomprensión sobre la cotización y su impacto real en la pensión, especialmente tras la implantación del sistema de cotización por ingresos reales, que se percibe como una fuente adicional de inseguridad para quienes tienen ingresos irregulares.

    El barómetro revela también una crisis de representación: un 32,34% considera que las asociaciones de autónomos son ineficaces y más de un 36% no sabe valorar su papel. En contraste, el 94,01% afirma que los autónomos confían más en su gestor administrativo que en la Administración, ya que este “traduce la norma, anticipa riesgos y da tranquilidad cuando el sistema genera incertidumbre”, según explica Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos.

    Desde la organización se reclama al Gobierno estabilidad normativa, menos cambios y diálogo previo, junto con una simplificación real que permita a los autónomos planificar su actividad con mayor previsibilidad.

    La subida salarial en convenio supera al IPC y cierra 2025 en el 3,53%

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    Trabajadores en una fábrica en una imagen de archivo. Foto: EP

    Los salarios pactados en convenio colectivo cerraron 2025 con una subida media del 3,53%, según los últimos datos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El incremento supera en seis décimas la inflación interanual adelantada de diciembre, situada en el 2,9%, pendiente aún de confirmación definitiva por parte del INE.

    El aumento salarial de diciembre consolida una tendencia sostenida, ya que se encadenan 17 meses consecutivos con subidas superiores al 3%. La evolución se mantiene próxima a las recomendaciones del V Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, que fija incrementos del 3% para 2025 y contempla cláusulas de revisión de hasta 1% adicional en caso de desviaciones de la inflación.

    Convenios registrados y cobertura laboral

    A lo largo del año se registraron 3.366 convenios colectivos con efectos económicos en 2025, que dieron cobertura a más de 10,15 millones de trabajadores. De ese total, 771 convenios se firmaron en el propio ejercicio y recogieron una subida salarial media del 4,18%, mientras que los 2.595 convenios firmados en años anteriores aplicaron un incremento medio del 3,31%.

    Por ámbito, 2.441 convenios de empresa afectaron a 555.876 trabajadores, con una subida salarial media del 2,83%, mientras que los 925 convenios sectoriales cubrieron a más de 9,5 millones de empleados, con un aumento medio del 3,57%.

    Cláusulas de revisión, jornada y descuelgues

    Solo el 21,4% de los convenios registrados incluyen cláusula de revisión salarial, lo que supone 722 convenios, de los cuales 389 contemplan efectos retroactivos. Estas cláusulas alcanzan a más de 3,3 millones de trabajadores, el 32,9% del total, por lo que más de dos de cada tres empleados quedan sin este mecanismo de protección frente a la inflación, aunque la proporción mejora en casi 12 puntos respecto a diciembre de 2023.

    La jornada media pactada se situó en 1.750,21 horas anuales, equivalentes a 38,33 horas semanales. En los convenios de empresa, la media bajó a 37,69 horas, mientras que en los sectoriales alcanzó las 38,37 horas, todavía por encima del objetivo de 37,5 horas planteado por el Ministerio de Trabajo.

    Durante 2025 se registraron 340 inaplicaciones de convenios, un 38,52% menos que el año anterior. Estos descuelgues afectaron a 17.133 trabajadores, lo que supone un descenso interanual del 18,59%.

    Regantes y López Miras critican la decisión política de subir el caudal ecológico y restar 70 hm3 al levante

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    Canal del Trasvase Tajo-Segura. Foto: Miteco.

    El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, mantuvo este viernes una reunión con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, y con los integrantes de su junta directiva, para analizar el impacto de la reciente entrada en vigor del segundo escalón del caudal ecológico del Tajo, fijado en 8 metros cúbicos por segundo.

    Tanto el Ejecutivo autonómico como los regantes advirtieron de que esta medida supone un nuevo recorte efectivo al trasvase Tajo-Segura, e implica restar adicionalmente en torno a 70 hectómetros cúbicos anuales de agua respecto a lo vigente hasta el segundo ciclo de planificación.

    Tras el encuentro, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, denunció que este incremento supone un “hachazo” al trasvase y “no sólo carece de justificación técnica sólida, sino que se adopta sin una evaluación real del primer escalón”, dado que el Ministerio “no ha constituido la Comisión de Seguimiento del Plan Hidrológico del Tajo, que es obligatoria”.

    “Esto responde a una estrategia clara: la de los recortes progresivos que ponen en riesgo el futuro del trasvase, la agricultura del sureste español y miles de puestos de trabajo”, añadió.

    El caudal ecológico de 8 metros cúbicos por segundo implica la detracción adicional de en torno a 70 hectómetros cúbicos anuales, algo que para Ortuño “es una decisión política que tiene consecuencias económicas, sociales y territoriales muy graves”.

    A la vez, el responsable autonómico criticó la falta de transparencia del Gobierno de España, “que sigue sin facilitar información clave sobre concesiones, consumos reales y criterios de explotación en la cabecera del Tajo”.

    El Gobierno regional señala, además, la arbitrariedad del régimen de caudales ecológicos, con exigencias muy superiores en el tramo que condiciona directamente el trasvase, mientras en otros tramos regulados de la propia cuenca del Tajo se aplican criterios mucho menos restrictivos: “No hay coherencia técnica ni ambiental, pero sí un claro sesgo contra la cuenca receptora, lo que supone un agravio hacia el Levante español”, afirmó el portavoz.

    Durante la reunión se analizó que la entrada en vigor de este nuevo escalón reduce aún más la garantía de los envíos, incrementa la incertidumbre para los regantes y encarece el acceso al agua, sin que existan alternativas viables que puedan sustituir los recursos del trasvase.

    Corregir la “deriva” actual

    Ante esta situación, Gobierno regional y el Scrats coincidieron en que “el cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028-2033 debe ser el punto de inflexión para corregir la deriva actual, revisar la metodología de caudales ecológicos y garantizar la compatibilidad real entre la protección ambiental del Tajo y el mantenimiento del trasvase como infraestructura estratégica de Estado”, destacó Ortuño.

    Para ello “será necesario la incorporación de datos reales y la activación de mecanismos de coordinación efectiva, además del necesario abandono por parte del Gobierno de España del enfoque ideológico actual, que es el principal obstáculo para la puesta en marcha de una verdadera política hídrica de Estado. Y para eso es imprescindible un Plan Hidrológico Nacional”, añadió Ortuño.

    Finalmente, el portavoz reafirmó “la firme posición común de defensa del trasvase Tajo-Segura” y anunció que “seguiremos actuando de forma coordinada en el ámbito político, institucional y jurídico frente a decisiones ideológicas que ponen en riesgo el equilibrio territorial y el futuro del Levante”.

    Lorca se alía con la tecnología NaviLens para convertir la ciudad en un destino más accesible

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    Foto: Ayuntamiento de Lorca

    La ciudad de Lorca continúa su apuesta por la accesibilidad y sostenibilidad en el sector turístico con el lanzamiento de un nuevo proyecto para mejorar la experiencia de los visitantes, especialmente aquellos con discapacidad visual. Esta iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística del Gobierno regional y está financiada por la Unión Europea-Next GenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado español.

    El concejales de Turismo, Santiago Parra, ha explicado que el proyecto consiste en la colocación de más de 125 códigos universales NaviLens en puntos clave del casco histórico de Lorca, como museos, informones, paradas de autobús y taxis, entre otros. Esta tecnología permitirá a las personas ciegas o con dificultades visuales acceder a información multimedia en tiempo real sobre los monumentos, la historia del lugar o las sedes de interés turístico.

    El sistema NaviLens, que utiliza códigos QR y una APP especial, permitirá que los usuarios, incluso en movimiento, reciban información accesible sin necesidad de enfocar los códigos, lo que facilita su lectura sin importar la ubicación. Esta tecnología innovadora está diseñada para que las personas con discapacidad visual puedan orientarse y navegar con facilidad por la ciudad, disfrutando de la historia y el patrimonio local de manera independiente.

    «Este es un paso más en el compromiso de Lorca por convertirse en un Destino Turístico Inteligente que, además de ser sostenible, sea inclusivo para todos. Con esta acción, no solo mejoramos la experiencia de los turistas, sino que también aumentamos la calidad de vida de nuestros vecinos, especialmente aquellos con dificultades visuales», ha declarado el concejal de Turismo.

    El proyecto, que está en periodo de licitación por un importe superior a 26.500 euros, también se enmarca dentro de las políticas de digitalización y competitividad turística que busca mejorar los recursos turísticos del municipio, haciendo de Lorca un destino más accesible, innovador y sostenible.

    Este tipo de actuaciones también responden a los objetivos de adaptación de la ciudad al modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI), en el cual se incorpora la innovación tecnológica para mejorar la experiencia turística, incrementar la competitividad del destino y garantizar un desarrollo sostenible y accesible.

    «Nuestro objetivo es que Lorca no solo sea un referente de patrimonio, sino también un modelo de ciudad inteligente que ofrezca a todos sus habitantes y visitantes un entorno accesible y tecnológicamente avanzado», añadió Parra.

    Multan a una empresa agrícola que dañó construcciones históricas en movimiento de tierras

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    Saladares del Guadalentín, espacio de protección mediambiental próximo a Cañadas del Romero en Mazarrón. Foto: Itrem.

    La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha desestimado el recurso presentado por una empresa agrícola contra la multa de 2.500 euros que le impuso la Consejería de Medio Ambiente por la destrucción de construcciones históricas en un movimiento de tierras.

    La sentencia declara probado que los hechos, que afectaron también a especies protegidas que existían en la cubierta vegetal afectada, se produjeron durante el movimiento de tierras efectuado sobre dos hectáreas y media de terreno.

    Y añade que la superficie dañada se encontraba en un ramblizo ubicado en Mazarrón sobre el que se actuó para convertirlo en terreno agrícola.

    En su recurso, la empresa sancionada alegó que al tratarse de un ramblizo la Consejería carecía de legitimación para sancionar, al ser el mismo competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.

    Frente a esa argumentación, la Sala dice que la Administración regional sí es competente en la materia al estar considerado ese espacio como forestal.

    Cuatro empresas optan al contrato para la monitorización y control de la calidad del agua en el Mar Menor

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    El servicio unificará en una sola empresa la medición de todos los parámetros ambientales de la calidad del agua. Foto: CARM

    El contrato para la ‘Caracterización y monitorización de la calidad de las aguas de la cuenca vertiente y laguna del Mar Menor 2026-2027’, cuyo plazo de presentación de ofertas finalizó el pasado jueves, ha atraído el interés de cuatro empresas, de las que dos cuentan con sede en la Región de Murcia y las otras en Valencia y Madrid.

    El director general del Mar Menor, Víctor Serrano, valoró positivamente el volumen y calidad de las ofertas para un “servicio estratégico que permitirá reforzar, ampliar y unificar los sistemas de control ambiental que la Comunidad Autónoma viene desarrollando desde 2019”. Detalló que en los próximos días “la mesa de contratación comprobará que todas las ofertas cumplen los requisitos técnicos y administrativos” y se procederá a su valoración.

    “Se prevé que el contrato entre en vigor en abril y se extenderá hasta finales de noviembre del 2027”, añadió el director general, quien destacó que “tendrá carácter bianual por primera vez, con una duración inicial de 20 meses ampliable a dos años adicionales, y por primera vez una única empresa será la responsable de medir la totalidad de parámetros de calidad del agua, unificando el análisis y toma de muestras de agua y aforos de cauces”.

    El director general subrayó que esta nueva fórmula “nos permite dar un salto cualitativo en la vigilancia ambiental del Mar Menor, integrando en un único sistema datos que antes procedían de distintos contratos y operadores”. Según explicó, la unificación de servicios facilitará “una visión integral, continua y científicamente robusta del comportamiento de las aguas superficiales, subterráneas y de la propia laguna”.

    Además, se añade el análisis de muestras procedentes del acuífero recogidas en la red de piezómetros de la Comunidad Autónoma, y se mejora también el seguimiento de la calidad del agua aumentando los niveles de detección de nutrientes en agua salada y salobre, simplificando la gestión y la coherencia técnica de los datos.

    El contrato, publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, cuenta con un presupuesto base de 434.825,19 euros, financiado al 60 por ciento por fondos FEDER, y el 40 por ciento con fondos propios de la Comunidad Autónoma.

    La Dirección General del Mar Menor mantiene desde 2019 una red de medición de caudales, conductividad y nutrientes en puntos estratégicos de la cuenca vertiente, a la que en 2023 se sumó una red de 19 piezómetros en el litoral interior de la laguna para analizar el comportamiento del acuífero. Además, desde 2024 se realiza un seguimiento semanal de nutrientes en 11 puntos del interior de la laguna y uno adicional en el Mediterráneo.

    El nuevo contrato permitirá continuar y ampliar esta monitorización mediante acciones especializadas como la determinación de caudales y caracterización físico-química de aguas superficiales en 11 puntos clave de la cuenca vertiente, con toma de muestras tres veces por semana; el análisis de nutrientes en la laguna del Mar Menor (nitrato, nitrito, amonio, ortofosfato y conductividad) con periodicidad semanal; por primera vez se hará el seguimiento piezométrico dos veces al mes de aguas subterráneas en 19 puntos del borde costero, incluyendo niveles, conductividad, temperatura y parámetros físico-químicos; y el procesamiento y digitalización de todos los datos obtenidos para integrarlos en una plataforma web interactiva de consulta y análisis.

    Para Víctor Serrano, este enfoque “garantiza la información continua, homogénea y comparable, imprescindible para anticipar episodios de riesgo, evaluar tendencias y respaldar la toma de decisiones con criterios científicos”. Destacó además que “la carga de nutrientes que llega a la laguna sigue siendo elevada, y por eso el seguimiento no solo debe mantenerse, sino reforzarse con herramientas modernas y una estructura de análisis más sólida”. El objetivo, añadió, es “proteger el ecosistema, garantizar su recuperación y actuar con la máxima responsabilidad y rigor técnico”.

    Un servicio esencial para la recuperación del ecosistema

    El objeto del contrato es disponer de un instrumento estable, continuo y multidisciplinar que permita controlar la calidad de las aguas superficiales, subterráneas y de la propia laguna, con especial atención a la carga de nutrientes, uno de los factores que más condicionan la evolución ambiental del Mar Menor.

    La nueva estructura permitirá, según Serrano, “optimizar recursos, reducir tiempos, mejorar la precisión de los resultados y facilitar que las decisiones ambientales se basen en un conocimiento científico actualizado y de máxima calidad”.

    Además, el servicio también procesará todos los datos históricos y futuros para crear una herramienta digital interactiva, lo que permitirá a técnicos, investigadores y administraciones analizar tendencias, consultar valores y visualizar la evolución del estado de las aguas. “El Mar Menor es una prioridad absoluta para este Gobierno”, afirmó el director general, quien recordó que “toda actuación orientada a reforzar el conocimiento científico y la capacidad de respuesta contribuye directamente a su protección y regeneración”.

    Más de 16.000 personas y 50 empresas se citan en Ifepa durante el Salón del Caravaning

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    Presentación oficial del VI Salón del Caravaning y Tiempo Libre del Levante 2026. Foto: Ifepa

    El VI Salón del Caravaning y Tiempo Libre del Levante ha iniciado su cuenta atrás con su presentación oficial en la Dirección General de Calidad y Competitividad Turística, en Cartagena. La cita, ya consolidada como un referente del sector a nivel nacional, se celebrará del 15 al 18 de enero de 2026 en Ifepa.

    La presentación ha estado presidida por la directora general, Eva María Reverte, acompañada por el presidente de Ifepa, Pedro Ángel Roca; el director general de la Institución Ferial, Antonio Miras; y el presidente del Comité Organizador, Francisco Navarro, quienes coincidieron en destacar el crecimiento del caravaning y el papel estratégico del salón para la promoción turística y económica de la Región de Murcia.

    Durante su intervención, la directora general ha destacado que el Caravaning representa “una forma de turismo en claro crecimiento, que impulsa el turismo de interior, contribuye a la desestacionalización y genera un impacto económico muy relevante para la Región de Murcia. En este sentido, ha señalado que el apoyo del Gobierno Regional a este evento “responde a la apuesta por un turismo basado en la calidad, la innovación y la competitividad, respaldando sectores que están marcando nuevas formas de viajar y de disfrutar del tiempo libre”

    El caravaning se ha consolidado como una de las formas de turismo con mayor crecimiento en Europa, con más de 220.000 nuevas matriculaciones anuales, una tendencia que también se refleja en España, donde el parque nacional supera ya las 300.000 autocaravanas, campers y caravanas. En este contexto, el Salón del Caravaning del Levante, pese a su juventud, se posiciona como un escaparate clave para el sector.

    La sexta edición del certamen contará con 25.000 metros cuadrados de superficie expositiva y la participación de más de 50 empresas, que presentarán novedades en venta y alquiler de caravanas, autocaravanas y campers, equipamiento, campings y alojamientos y servicios vinculados al turismo de ocio. El salón se sitúa ya en el Top 3 de ferias del sector en España, con un área de influencia que abarca además de la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, zona sur, etc.

    Además de la exposición comercial, el evento ofrecerá zona de venta directa de accesorios y complementos para Caravaning y campings, gastrovaning e infantil, así como actividades de turismo activo y talleres especializados. IFEPA habilitará también aparcamiento gratuito para autocaravanas, con servicios básicos, para facilitar la estancia de los visitantes.

    Se prevé la asistencia de más de 16.000 visitantes, incluyendo un notable porcentaje de público extranjero con segunda residencia en la costa mediterránea, reforzando el impacto turístico y económico del salón.