Las patronales del ocio nocturno Spain Nightlife y Fecasarm han presentado alegaciones formales al Anteproyecto de reforma de la Ley del Tabaco, actualmente en fase de audiencia pública, al considerar que algunas de las medidas previstas son desproporcionadas y carecen de aval científico.
Según el documento remitido al Ministerio de Sanidad, las organizaciones solicitan la eliminación de los apartados K, U y V del artículo 7 del texto legislativo, que implican la prohibición de fumar en terrazas y espacios exteriores de bares, restaurantes y locales de ocio.
Afirman que la medida carece de justificación técnica suficiente y piden que se aplique la reforma bajo «criterios de proporcionalidad y racionalidad jurídica», así como con diálogo con los sectores afectados. También solicitan eliminar el apartado K del artículo 2, que amplía la definición de productos relacionados con el tabaco a shishas y otros artículos sin tabaco ni nicotina.
Fecalon también prevé alegaciones y advierte de consecuencias operativas y sociales
Por su parte, la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn (Fecalon) ha confirmado que también presentará alegaciones al anteproyecto. La entidad considera que la reforma podría generar impactos negativos en el orden público, la convivencia vecinal y el sector turístico.
En un comunicado, Fecalon sostiene que «no existen estudios concluyentes» que acrediten que fumar en espacios abiertos perjudique a terceros, especialmente en el caso del vapeo o el tabaco sin combustión. Añade que solo Suecia aplica restricciones similares en Europa, lo que colocaría a España en desventaja competitiva frente a otros destinos turísticos.
Según la patronal, obligar a los fumadores a salir de terrazas y recintos al aire libre podría generar aglomeraciones en la vía pública, dificultar el control de los locales y agravar la conflictividad vecinal.
Fecalon respalda su postura con datos de su sondeo interno de 2025, en el que más del 85 % de los empresarios del ocio nocturno declaran que su situación económica ha empeorado este año, debido a la caída del consumo, el aumento de costes fiscales y laborales, y una mayor presión sancionadora.