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miércoles, 15 de octubre de 2025
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    Dos empresarios agrícolas, bajo investigación por convertir 50 hectáreas de secano en regadío

    El Seprona estima en más de 3 M€ el daño ecológico provocado a los terrenos protegidos de Mazarrón y beneficios anuales de 2 M€ de la empresa

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    La Guardia Civil investiga a dos empresarios agrícolas por presunta transformación ilegal de más de 50 hectáreas de cultivo de secano en regadío en el municipio de Mazarrón , sin contar con las autorizaciones pertinentes, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

    La operación, denominada ‘Zahorí’, fue iniciada tras la denuncia sobre la existencia de riegos no autorizados en una zona agrícola del municipio. La investigación, liderada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), identificó un complejo de fincas pertenecientes a una empresa agrícola que habría modificado de forma irregular el uso del suelo y la captación de recursos hídricos.

    El informe pericial del Seprona estima que el daño ecológico podría superar los 3 millones de euros, al afectar Hábitats de Interés Comunitario (HIC), algunos clasificados como prioritarios por el riesgo de desaparición. En concreto, se señalan estepas salinas mediterráneas, un entorno donde conviven ecosistemas húmedos y secos y que alberga fauna específica.

    La actividad agrícola transformada sin concesión oficial habría alterado el equilibrio del ecosistema, incrementando la presión sobre acuíferos y provocando posibles episodios de contaminación de aguas subterráneas por uso de fertilizantes y productos fitosanitarios.

    Además, según el informe técnico, estas actividades presuntamente ilícitas habrían generado beneficios económicos superiores a los 2 millones de euros anuales para los responsables de la explotación.

    La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no había otorgado concesión para regadío en las parcelas investigadas.

    Según el artículo 325 del Código Penal, estas conductas podrían constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, con penas de prisión de 6 meses a 2 años, multa de 10 a 14 meses y inhabilitación especial de 1 a 2 años para quienes, contraviniendo la legislación ambiental, ocasionen daños graves al equilibrio de los ecosistemas.

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