Un total de 400 familias de las playas de Cabo de Palos, Los Nietos, El Portús, Puerto de Mazarrón y Puntas de Calnegre se ven afectadas por la nueva línea de deslinde del dominio público terrestre que, al haberse visto retrasada por Costas, obliga a la demolición de estas casas que quedarían en terreno público.
«Son construcciones legales, con sus escrituras públicas, inscritas en el registro de propiedad, pagando sus impuestos, y, por supuesto, todas plenamente consolidadas en sus entornos urbanos», ha lamentado este lunes el senador del PP Francisco Bernabé.
Los populares han presentado ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones para «poner fin al bloqueo que la Mesa del Congreso mantiene sobre la proposición de ley del PP en esta materia» y Bernabé ha anunciado que «sino desiste esta actitud de fraude legal» iniciarán acciones judiciales personales contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el resto de miembros de la Mesa, ya que consideran que «están anteponiendo los mandatos de Pedro Sánchez al interés general de todos los españoles» al retrasar la tramitación en la Cámara Baja de la proposición de ley del PP para «salvaguardar los núcleos tradicionales costeros de nuestro litoral, aquellos que tienen unos valores especiales de tipo etnográfico, histórico, paisajístico, vinculados al medio marino».
«El Senado es una Cámara de las Cortes Generales tan legítima como el Congreso e intentar eliminar la iniciativa del PP es negar la legitimidad constitucional del Senado para legislar».
Bernabé ha afirmado que esta proposición lleva más de 60 prórrogas acordadas por la Mesa del Congreso ya que «semana tras semana se amplia el plazo de enmiendas sin razón». Así, ha advertido de que «tiene que seguir adelante y si no se consigue por la vía política será a través de los tribunales de justicia, en este caso el Constitucional».
El senador ha indicado que las familias afectadas «están usando todos los medios legales, y poniendo recursos ante esas órdenes de demolición». Así, ha explicado que dos viviendas de Cabo de Palos que «han perdido esos recursos y tienen ya la orden de demolición pendiente sobre sus cabezas, eventualmente van a recubrir ahora ante el Tribunal Supremo».
Además, al quedar estas casas en dominio público, Bernabé ha explicado que las familias deberían costear la demolición y no recibirían ningún tipo de indemnización por perder sus viviendas.