Los padres y madres de los centros públicos de educación de Cartagena están reuniendo firmas para presentar una queja formal conjunta ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en la que denuncian las altas temperaturas que soporta el alumnado en las aulas y solicitan la intervención de las administraciones competentes para garantizar condiciones adecuadas de estudio y salud.
En el escrito, redactado por la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cartagena y Comarca (Fampa) las familias aseguran que las temperaturas en las aulas superan los 27 grados desde primera hora de la mañana, especialmente en las últimas semanas del curso y durante el inicio del siguiente, una situación que califican de “insostenible” y que, según subrayan, afecta al bienestar, la concentración y la salud del alumnado.
“Nuestros hijos e hijas sufren mareos, golpes de calor y falta de atención en clase. Esta situación se agrava en los niños con patologías previas como diabetes o enfermedades respiratorias”, recoge el comunicado dirigido al Defensor del Pueblo.
Al respecto, argumentan que, aunque no exista una normativa específica que regule la temperatura máxima en centros educativos, sí existe una referencia legal aplicable, el Real Decreto 486/1997, que establece que los lugares de trabajo sedentarios deben mantener una temperatura entre 17 y 27 grados. “Si se supera ese límite, deben adoptarse medidas de prevención”, recuerdan los firmantes.
Asimismo, critican la falta de estudios y medidas adecuadas por parte de la Consejería de Educación y FP de la Región de Murcia, a la que acusan de aplicar “protocolos, costes y baremos abusivos” que impiden actuar con eficacia. También destacan que la problemática no afecta por igual a los centros concertados, que “sí disponen de sistemas de climatización adecuados gracias a la financiación pública complementaria”.
Las familias exigen respuestas reales y rechazan que la solución pase por acortar las jornadas lectivas o suspender clases, como se ha hecho en algunos centros, y reclaman “soluciones reales y estructurales” que garanticen el desarrollo normal de la actividad educativa.
Es por ello que en su escrito, los padres y madres piden al Defensor del Pueblo que inste a las administraciones a actuar, en coordinación con las AMPAs, Fampa y las direcciones de los centros, para diseñar medidas eficaces contra las altas temperaturas en las aulas públicas de la Región.
“La educación pública necesita un compromiso real. Nuestros hijos e hijas merecen aprender en condiciones dignas, sin poner en riesgo su salud ni su rendimiento académico”, concluye la misiva.