La Región de Murcia es con 563 días, la comunidad que tiene la lista de espera de la Ley de la Dependencia más larga de España, según un informe de la Asociaciones de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
En la Región hay 16.348 personas en esta lista, un 13,4% más que en los nueve primeros meses del año, cuyos tiempos de tramitación han aumentado en 43 días este año. Con uno de los tiempos medios de tramitación más alto del país, en torno a 500 días, al igual que Canarias y Andalucía, en la Región hay un 22,4% de las personas esperando algún tipo de trámite y un 13,8 pendientes de recibir prestación.
Además, en total 1.053 personas dependientes en lista de espera han fallecido en lo que va de año. La Región ha aportado un 73,2% de financiación a la Ley de Dependencia en estos meses.
Cada 15 minutos fallece una persona en lista de espera en España
Cada 15 minutos fallece una persona dependiente en lista de espera que, en los primeros nueve meses de este año, ha crecido en 13.695 personas. Hasta el 1 de octubre, 284.020 personas se encontraban a la espera de valoración o pendiente de prestaciones y servicios que tienen reconocidos.
Mientras, el Ministerio de Derechos Sociales, rebaja a 174.406 el número de personas que se encuentran en la lista de espera de la dependencia en España en septiembre, un 9,8% menos que en el mismo mes del año anterior.
En 2025, son 25.060 las personas dependientes que han fallecido sin obtener ninguna ayuda, de los que 13.713 esperaban ser valorados y 11.347 a recibir una prestación a la que tenían derecho. «93 personas al día, una cada 15 minutos», han recordado Directores y Gerentes. Según sus datos, dos de cada tres fallecieron en Cataluña (6.851), Andalucía (5.292), C. Valenciana (2.290) y Canarias (1.904).
Sobre el tiempo de demora, la Asociación niega que se haya producido una reducción sino un incremento de unos 15 días de media hasta alcanzar los 349 días y ha reprochado al Ministerio de Derechos Sociales que intente «rebajar la cifra de desatención» al contabilizar «sólo» a aquellas personas «con las que la Administración no está cumpliendo la ley que establece en 180 días el plazo máximo para recibir la prestación o servicio que tengan reconocido».
Asimismo, han rechazado «el triunfalismo» de comunidades y Ministerio cuando se refieren al récord de personas atendidas. «Es lógico que, mientras haya decenas de miles de personas en las listas de espera, cada vez aumente más el número de beneficiarias». Asimismo, otro de los reproches es «el servicio low cost» debido a la «merma importante en la financiación del sistema que se ha visto reflejada, no tanto en extensión de beneficiarios, que ha seguido una tendencia creciente, sino en la limitación de prestaciones y servicios».
Análisis por CCAA
Por comunidades autónomas, las que tienen mayor limbo de la dependencia –personas pendientes de recibir la prestación– son Canarias (31,3%), País Vasco (15,7%), Murcia (13,8%), y Cataluña (13,6%); y las que menos Aragón (1,5%), Cantabria (1,5%), Galicia (2%) y Navarra (2,1%).
Ocho comunidades han aumentado el número de solicitantes el limbo de la dependencia en 2025: Castilla La Mancha (+58%), Cantabria (+29,9%), y Madrid (+29,6%) lideran este aumento. Más de la mitad (53%) de las personas que se encuentran en el «limbo de la dependencia» residen en tres Comunidades: Cataluña (38.002), Andalucía (21.785) y Canarias (20.127).
Asimismo, las comunidades que más han aumentado los beneficiarios con prestación este año han sido Canarias (+18,5%) y Galicia (+15,7%). Por el contrario, hay una Comunidad que ha disminuido el número de personas atendidas: La Rioja (-0,1%).
Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay cuatro comunidades y Ceuta y Melilla (155) por debajo a ese margen en sus promedios: Castilla y León (113), País Vasco (130), Aragón (152) y Castilla La Mancha (169). Navarra (200) y Cantabria (211) se encuentran cerca del plazo máximo. En el otro extremo estarían Andalucía (559 días), Murcia (563 días) y Canarias (478 días).
Respecto a la inversión en dependencia, las comunidades que más invierten son País Vasco (2.835 euros por persona dependiente) y Extremadura (2.779 euros), y las que menos Galicia (1.317 euros) y Canarias (1.339 euros).
En cuanto a la reclamación de las comunidades al Estado para que asuma hasta el 50% del coste de la dependencia, la asociaciones de directores y gerentes ha acogido favorablemente la petición, aunque ha rechazado, sin embargo que existan «agravios» entre comunidades «como vienen denunciando». «Algunas reciben mayor porcentaje de financiación estatal que la media y más que Cataluña o País Vasco», ha añadido la entidad.
Servicios low cost
Otra de las quejas es el incremento de los servicios ‘low cost’ al aumentar prestaciones y servicios de bajo coste como la ayuda por cuidados en el entorno familiar o la teleasistencia.
Sin embargo, en los nueve meses de 2025 han descendido las plazas residenciales (-804) y las de centros de día (-969). Asimismo, el 56% de las personas atendidas en sus domicilios no cuentan con el servicio de teleasistencia, mientras que 65.647 personas son beneficiarias con teleasistencia como prestación única, el 42% de estas se encuentran en la Comunidad de Madrid.
Asimismo, piden al Ministerio de Pablo Bustinduy información sobre «cuántas solicitudes están sin grabar y cuántas revisiones están pendientes».
Aumento de las inversiones de la dependencia
Por su parte, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales han asegurado que en estos dos últimos años ha aumentado la inversión en dependencia. En concreto, precisan que, en 2024, a la inversión en el sistema por el nivel acordado y por el nivel mínimo (que subió por la entrada de nuevos beneficiarios y pasó de 2.442 millones en 2023 a 2.628 millones en 2024) hay que sumar las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales, que cubren a casi 100.000 personas y suponen 230 millones de euros en cuotas de la seguridad social cubiertas por el Estado central.
También destacan las líneas de inversión vinculadas al Plan de Recuperación, que en 2024 supusieron una mejora de la teleasistencia con una transferencia a las CCAA de 166.367.795,80 euros y la adecuación y creación de plazas de atención residencial con una transferencia a las CCAA de 642.965.259,99 euros.
En total, señalan que, sumando los niveles mínimo y acordado (3.478 millones), las cotizaciones (230 millones) y el Plan de Recuperación (809 millones), en 2024 el Estado habría transferido a las CCAA para dependencia «un total de 4.516 millones de euros».
Además, precisan que no se va a rebajar la inversión en el SAAD para 2025 y que, además de la financiación adicional que manda la Ley ELA y que está «en camino», la inversión en el nivel mínimo de dependencia aumentará en 200 millones de euros respecto a 2024, según los cálculos de IMSERSO.