La Guardia Civil, en colaboración con la Inspección de Trabajo de la Región de Murcia, ha desarrollado en la comarca del Guadalentín la operación ‘Diacampo’, que ha permitido detectar que 11 ciudadanos extranjeros trabajaban en fincas agrícolas de Mazarrón y Águilas sin contrato.
La operación ha culminado con la detención o investigación de seis personas como presuntas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.
Dentro de los servicios establecidos para prevenir y perseguir la explotación laboral, la Guardia Civil, en coordinación con la Inspección de Trabajo, llevó a cabo una serie de inspecciones en el ámbito agrícola en fincas ubicadas en la comarca del Guadalentín.
En Mazarrón, el equipo del Instituto Armado detectó a tres ciudadanos extranjeros, sin contrato de trabajo, realizando tareas agrícolas en una finca. Los propios peones desconocían para qué empresa trabajaban.
Las labores de investigación permitieron localizar a dos capataces y dos empresarios que han resultado investigados como presuntos autores de un delito contra los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores.
En Águilas fueron localizadas ocho mujeres, originarias de Marruecos, mientras realizaban tareas agrícolas sin contrato, además de carecer de documentación para su estancia legal en territorio nacional.
Las pesquisas practicadas permitieron conocer que el ‘modus operandi’ empleado se iniciaba en zonas urbanas de Lorca. Allí, las víctimas subían a un furgón y eran trasladadas hasta las fincas.
Las mujeres no conocían su ubicación, las condiciones de trabajo, el horario de la jornada y el sueldo que iban a percibir, que, finalmente, era muy por debajo al establecido para el sector.
Las trabajadoras tampoco contaban con el material adecuado para desarrollar su trabajo, ni con un equipo de protección individual. En este caso se ha localizado y detenido a dos personas vinculadas con la autoría de supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Los 11 trabajadores fueron atendidos e informados de los derechos que les asisten como víctimas de delito en España.