La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha cifrado este martes en al menos 125.000 personas los interinos que continúan en abuso de temporalidad y para los que no se han convocado o no han sido cubiertas las plazas de estabilización comprometidas (más de medio millón).
El sindicato, que ha pedido soluciones ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocida hoy, ha denunciado que las administraciones públicas están incumpliendo «de manera sistemática» la Ley de Temporalidad.
«Esta situación pone en evidencia la ineficacia y falta de voluntad política de las diferentes administraciones, lo que supone un flagrante incumplimiento de lo establecido por mandato legal en la Ley 20/2021, ya que la resolución de los procesos de estabilización debería haberse ejecutado antes del 31 de diciembre de 2024″, sostiene CSIF.
La organización que dirige Miguel Borra ha denunciado además que la tasa de temporalidad en el sector público continúa estancada en el 30% por ciento, el doble que en el sector privado, el equivalente a cerca de un millón de temporales.
Esto se debe, expone CSIF, a que las administraciones siguen contratando a personal interino como consecuencia de la tasa de reposición, ahora ya eliminada en un acuerdo logrado el pasado mes de noviembre entre Gobierno y sindicatos de la Función Pública.
Aunque el TJUE recuerda en su sentencia que la cláusula cinco del Acuerdo Marco no impone necesariamente la conversión automática de temporales a fijos, sí exige medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias para evitar prevenir y sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, y establece que el Tribunal Supremo tendrá la última palabra conforme a las leyes españolas, ya que la figura jurisprudencial del «indefinido no fijo» no constituye una verdadera sanción al abuso.
Ante esta situación, CSIF propone regular en el ordenamiento jurídico español «sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables» para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal.
Además, pide que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan.
Reclama también que en las ofertas de empleo público se convoquen todas las plazas estructurales para prestar el servicio público y evitar así acudir a la contratación temporal, así como reducir los plazos de ejecución de los procesos selectivos, pues el plazo máximo actual de tres años «se incumple sistemáticamente».
Además, tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de noviembre, CSIF insta al Gobierno a eliminar la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público para que las administraciones puedan realizar ofertas de empleo público en función de sus necesidades sin contratar interinos.