Repsol ha logrado una bonificación del 55% del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para su planta de biocombustibles avanzados del Valle de Escombreras.
El Ayuntamiento de Cartagena ingresará 2,9 millones de euros por este concepto, en lugar de los 6,5 millones que le corresponderían sin esta rebaja, ya que las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal pueden recibir una bonificación de hasta el 95%, que en este caso se ha fijado en el 55%.
Así lo ha acordado este lunes la Comisión de Hacienda, que ha dictaminado favorablemente la Declaración de Especial Interés Municipal para Cartagena del proyecto de construcción de la nueva planta de biocombustibles avanzados, que deberá ser aprobada el jueves por el pleno local.
La propuesta ha contado con el voto a favor del Equipo de gobierno local, formado por PP y Vox, y en contra de Movimiento Ciudadano (MC). PSOE y grupo Mixto (Sí Cartagena) se han abstenido.
Esta decisión se debe a que el Consejo Económico Administrativo ha mandado retrotraer las actuaciones tras la reclamación presentada por Repsol, después de que en enero se le denegara el interés municipal a su proyecto, valorado inicialmente en 96 millones de euros, ya que la empresa no pudo aportar toda la documentación necesaria para acogerse a la bonificación.
La Comisión de Hacienda también ha informado de manera favorable la modificación de las Ordenanzas Fiscales para la dinamización económica, que contempla, entre otros, el aumento del porcentaje de bonificación en el ICIO a las pymes y autónomos, hasta el 30% para los autónomos y hasta el 35%, para pymes con más de cinco empleados.
A las reducciones fiscales establecidas por el Ayuntamiento para este impuesto, se sumarán, además, los 15 puntos extra de bonificación para empresas certificadas como proveedoras de la Defensa.
De este modo, una empresa que genere 20 empleos tendrá bonificado el 55% del impuesto y la bonificación será progresiva en función del empleo hasta el máximo legal del 95%. De esta forma, las inversiones podrían ver reducidos sus impuestos a más de la mitad y en algunos casos no pagar casi nada. En este caso, han votado a favor los grupos que conforman el Gobierno local y el resto se han abstenido.