La Comisión de VIH y Trabajo, integrada por Cesida, la Federación Estatal LGTBI+, Trabajando en Positivo, CCOO y UGT, ha denunciado que medio centenar de municipios en siete comunidades autónomas (entre ellos, 14 en la Región de Murcia) con normas potencialmente discriminatorias en cuanto al acceso a licencias de taxis de personas con virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Así lo ha trasladado la comisión en un comunicado tras la investigación derivada de la actuación iniciada por el Defensor del Pueblo en doce municipios de la Región de Murcia a principios del mes de julio.
Esta institución requirió a los ayuntamientos que informaran sobre las ordenanzas referidas y las limitaciones impuestas a personas con VIH, después de que UGT de Murcia interpusiera una queja al considerar que esta limitación podría constituir una vulneración del principio de igualdad y no discriminación.
En este sentido, la Comisión de VIH y Trabajo ha trasladado este miércoles en un comunicado su agradecimiento a Ángel Gabilondo por esta actuación, y ha informado de los municipios que disponen de normativas discriminatorias en el acceso a estas licencias: 20 en Canarias, 14 en la Región de Murcia, 7 en Granada, 3 en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha y 2 en Castilla y León y Extremadura.
Los catorce municipios murcianos son Abarán, Albudeite, Alcantarilla, Blanca, Caravaca de la Cruz, Cehegín, La Unión, Lorca, Los Alcázares, Molina de Segura, Mula, Murcia, Torre Pacheco y Totana.
Como han señalado desde la comisión, la permanencia de estas formulaciones «no solo resulta anacrónica, sino que puede traducirse en exclusión, disuasión y vulneración de derechos para las personas con VIH».
«Estas cláusulas constituyen una barrera normativa porque utilizan una formulación amplia, imprecisa y desactualizada que puede operar de facto como exclusión o desincentivo para las personas con VIH», han añadido en el comunicado, al mismo tiempo que sostienen que «mantener este tipo de requisitos supone perpetuar el estigma, reforzar prejuicios y trasladar un mensaje institucional erróneo sobre las vías de transmisión del VIH».
En consecuencia, la comisión ha reclamado que esta revisión del Defensor del Pueblo se extienda a todos los municipios del territorio español y, además, que esta no solo se limite al sector del taxi, ya que «la eliminación de barreras legales y administrativas debe formar parte de una política pública coherente con el derecho al trabajo y la no discriminación», han concluido.