CEOE y Cepyme han calificado este martes de «inadmisible» la huelga general anunciada este lunes por los sindicatos mayoritarios al considerar que busca trasladar a las empresas el coste de una medida de presión dirigida contra la gestión del Gobierno, al tiempo que han puesto en duda su «encaje jurídico».
Según han advertido las patronales a través de un comunicado, esta movilización persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda.
Al tratarse de cuestiones cuya responsabilidad y competencia corresponden en exclusiva a la Administración, las organizaciones empresariales sostienen que quedan al margen de la gestión empresarial y que, por tanto, las reivindicaciones «no son, en esencia, de naturaleza laboral».
Por este motivo, CEOE y Cepyme consideran «inadmisible que se pretenda trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión».
Asimismo, han subrayado que, con la convocatoria de elecciones fijada para el próximo 29 de noviembre, resulta «difícilmente justificable» emplear la actividad económica «como tablero para influir en un proceso electoral que debería afrontarse desde el sosiego y la normalidad democrática».
Por otro lado, las patronales han puesto en duda la legalidad de la huelga e insisten en que la información conocida hasta la fecha no permite realizar una valoración definitiva, «especialmente sobre su encaje jurídico».
En este sentido, han puntualizado que la huelga está pendiente de ratificación, carece de fecha determinada y no constituye todavía el preaviso formal exigido por la ley.
Las organizaciones empresariales han asegurado que analizarán con detalle la convocatoria definitiva, sus objetivos concretos, su ámbito y el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de defender la seguridad jurídica y el normal funcionamiento de las empresas.