La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a penas que suman tres años y nueve meses de cárcel y dos multas de 420 euros cada una a un funcionario estatal destinado en la oficina de expedición del DNI y pasaportes que reconoció que hizo suyos 13.300 euros cobrados por diversas tasas en casi un millar de operaciones.
También deberá indemnizar al Ministerio del Interior con 13.300 euros y con doce euros a cada una de las 18 personas que han sido identificadas como perjudicadas por su conducta.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que en esas operaciones manipulaba los hechos de manera que en la base de datos de la oficina constase que la gestión era gratuita y no había cobrado tasa alguna y en otros casos recogía como objeto de esa gestión uno que no respondía a la realidad.
Así, entre enero y noviembre de 2018, aunque el ciudadano acudía a su oficina a realizar la renovación de aquellos documentos por un verdadero cambio de domicilio o por un error real del chip electrónico, les cobraba una tasa, pese a que ese trámite era gratuito.
Igualmente, para lograr que el sistema registrase la expedición de documentos con una tasa de 0 euros y que de ese modo no fuera detectada la apropiación del dinero recibido, modificaba la base de datos policiales haciendo constar un falso cambio de domicilio o un inexistente error de chip.
En ocasiones, la manipulación consistió en declarar en la base de datos a ciertas personas como beneficiarias de la condición de familia numerosa, asociando a las mismas a carnés o títulos de otras que sí lo eran realmente para, de esa forma, hacer consta la tasa 0 euros.
La sentencia lo condena a un año y nueve meses de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos; a 420 euros de multa por otro igualmente continuado de fraudes y exacciones ilegales, y a dos años de prisión y multa por igual cuantía por un tercero de falsedad documental.
Igualmente, deberá indemnizar al Ministerio del Interior con 13.300 euros y con doce euros a cada una de las 18 personas que han sido identificadas como víctimas de su delito.
A la hora de concretar las penas el tribunal le aplica las atenuantes de dilaciones indebidas y la de reparación del daño, esta última porque antes del juicio había consignado la suma de diez mil euros.
El tribunal acuerda dejar en suspenso las penas privativas de libertad durante dos años a condición de que durante ese tiempo no vuelva a delinquir y abone una multa de 1.100 euros.