El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha publicado en su página web las cinco Órdenes que el ministro Pablo Bustinduy firmó sobre las sanciones que impuso a cinco aerolíneas low cost (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norgewian y Volotea) por prácticas abusivas para las personas consumidoras.
Se trata de las Órdenes con las que el ministro Pablo Bustinduy desestimó los recursos presentados por estas cinco compañías contra las sanciones que impuso tras constatar las prácticas abusivas, dos de ellas categorizadas como muy graves: exigir el pago de un suplemento por el transporte de equipaje de mano en cabina y exigir el pago de un sobrecoste sobre el precio del billete por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes y de sus acompañantes.
Al considerarse infracciones muy graves, según el artículo 49.7 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, se publican tanto la información de estas sanciones, como ahora también las Órdenes del ministro.
Además de las dos infracciones muy graves ya mencionadas, las sanciones ratificadas por Bustinduy incluyen otras dos infracciones categorizadas como graves: no permitir el pago en metálico en los aeropuertos españoles y omitir información de forma engañosa y con falta de claridad en los precios publicados tanto en su propia web como de terceros, dificultando la comparabilidad de ofertas de precios. Así mismo, en el caso de Ryanair, se sancionó otra práctica considerada como infracción muy grave: imponer una tasa desproporcionada y abusiva a los pasajeros por la impresión de la tarjeta de embarque.
Como conclusión, las sanciones quedaron fijadas de la siguiente manera:
- Ryanair: 107.775.777 euros
- Vueling: 39.264.412 euros
- Easyjet: 29.094.441 euros
- Norgewian: 1.610.001 euros
- Volotea: 1.189.000,99 euros
Estas sanciones son las mayores que se han impuesto nunca desde Consumo y responden a la jurisprudencia creada en la Unión Europea. El Tribunal de Justicia la Unión Europea dictó una sentencia en 2014 en la que estableció que «el equipaje no facturado debe considerarse un elemento indispensable del transporte de los pasajeros y que su transporte, por consiguiente, no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables». Esta sentencia fue, además, avalada por el Parlamento Europeo el 4 de octubre de 2023, cuando aprobó una resolución para instar a los Estados Miembros de la Unión Europea a garantizar el acatamiento y respeto a esta resolución judicial.