La concejal de Economía del Ayuntamiento de Lorca, Belén Pérez, ha realizado esta mañana una comparecencia tras la reciente publicación por parte del Gobierno de España del nuevo Real Decreto-Ley 13/2026, de 2 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial, valorando “esta última película como una paradoja total”.
“Y es que todo sigue igual, señores. Porque las condiciones impuestas impiden que Lorca pueda beneficiarse de esta actualización, aun habiendo cerrado 2025 con todas las magnitudes en positivo. Esta última medida es solo un parche más ante la poca diligencia presupuestaria del Gobierno de España, que asfixia a los Ayuntamientos y a todos los ciudadanos, sin unos Presupuestos Generales del Estado y sin actualizar las entregas a cuenta en tiempo y forma”.
Sin embargo, aseguran desde el consistorio lorquino, !aun haciendo las cosas bien, salimos perjudicados. Porque estas supuestas medidas, llegan con condiciones y sin tener en cuenta el esfuerzo municipal, habiendo tenido que aprobar dos reconocimientos extrajudiciales de crédito, obligadamente al tener que hacer frente a las facturas pendientes de épocas anteriores, marcadas por el derroche y despilfarro de las arcas municipales y cuyos perjuicios seguimos pagando».
Concretamente, explican, este RD L 13/2026 estima la actualización de las entregas a cuenta de la participación en Ingresos del Estado, siendo efectivas a los pagos que se efectúen a partir de septiembre de 2026, desde 1 de Enero.
Así, el Ayuntamiento de Lorca asegura que contemplando una subida de la PIE de un 4,6% respecto a 2025 dejará de ingresar hasta entonces cerca de 3 millones de euros, «lo que podría poner en riesgo no sólo la liquidez de este consistorio, sino la de muchos Ayuntamientos de toda España».
Este RD permite destinar el superávit de 2025 a gastos no financieros (esto es gastos corrientes o de inversión). Sin embargo, Lorca, aun teniendo un superávit de 5,6 no puede acogerse a esta medida porque la nueva norma se lo prohíbe al haber incumplido la Regla de gasto en 2024, consecuencia de la época de despilfarro del mandato anterior.
Este RD elimina, de manera excepcional, la obligación de aprobar un Plan de ajuste en caso de incumplimiento de la estabilidad presupuestaria o Regla de gasto en el cierre de 2026, si es como consecuencia de la utilización del remanente de tesorería o de gastos con financiación afectada. Sin embargo, siempre y cuando el Plan de ajuste actual no lo impida. Otra paradoja y así suma y sigue.