La Sala 1 de la Audiencia Provincial de Murcia ha acogido este lunes la primera de las 20 sesiones previstas correspondiente al proceso judicial por el caso ‘Novo Carthago’ sobre la presunta corrupción urbanística en terrenos protegidos del entorno del Mar Menor.
El juicio, presidido por el magistrado Álvaro Castaño, figuran como implicados los exconsejeros de Agricultura, Antonio Cerdá, y de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, así como otros cinco exaltos cargos de la Comunidad bajo el mandato del expresidente Ramón Luis Varcárcel. Las diligencias del proceso, que arrancaron hace 20 años, en el que se juzgan los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, según el escrito de calificación fiscal.
En la primera de las vistas, las defensas de los acusados han solicitado la nulidad del proceso, una cuestión que ha sido rechazada por el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano y por el letrado José Manuel Muñoz, que ejerce la acusación particular en representación de la Asociación Naturalista del Sureste (Anse).
Aurelio Llanes, abogado del exconsejero Antonio Cerdá, ha solicitado la nulidad respecto de su cliente al considerar que el delito que se le atribuye ha prescrito y apuntar que no cometió ilegalidad porque se limitó a abrir un procedimiento reglamentario que necesitaba la aprobación del Consejo de Gobierno.
En la misma línea, Francisco Martínez, letrado de Joaquín Bascuñana, y Antonio Alvarado, exdirector general de Calidad Ambiental y uno de los acusados, que se ha representado así mismo, han considerado durante sus intervenciones que el proceso infringe el principio de legalidad y tipicidad.
Por su parte, el representante del Ministerio Público, Juan Pablo Lozano, ha indicado durante su intervención que no considera que hayan prescrito los delitos atribuidos y ha señalado que Cerdá «presionó» a los técnicos de la Comunidad para llevar a cabo la recalificación de los terrenos, que estaban protegidos.
Además, ha señalado que el extitular de Medio Ambiente del Gobierno regional trató de impulsar una modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del espacio protegido, en el que estaba prevista la construcción de 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf, saltándose «intencionadamente» a los servicios correspondientes.
Otros acusados
En el caso de ‘Novo Carthago’, también figuran como acusados María Antonieta Fernández, asesora eventual para apoyo jurídico del consejero de Medio Ambiente, y José María Ródenas, subdirector de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas.
También están procesados Manuel Alfonso Guerrero, exdirector general de Administración Local y director general de la Dirección General de Urbanismo, y Luis María Romero, asesor jurídico de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas.
Por su parte, el abogado Julián Lozano, defensor de la empresa Hansa Urbana, ha solicitado que se exima a su cliente, el promotor Rafael Galea, de declarar como testigo porque ha sido operado recientemente y sufre un trastorno cognitivo que le impide comparecer. En este sentido, el Tribunal ha avanzado que encargará a un forense que analice su situación médica para adoptar una decisión.
El juicio continuará este martes con el interrogatorio a cuatro de los acusados Joaquín Bascuñana, José María Ródenas, Manuel Alfonso Guerrero y Luis María Romero. Los otros tres declararán al final del procedo judicial, según ha decidido este lunes el Tribunal.
Por su parte, el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, ha afirmado que el caso Novo Carthago, que investiga la presunta recalificación de terrenos protegidos junto al Mar Menor, «evidencia una vez más que el PP es el partido de la corrupción”.
El caso Novo Carthago investiga una presunta recalificacion de terrenos junto al Mar Menor, donde se preveía la construcción de diez mil viviendas, hoteles y dos campos de golf, en terrenos protegidos, dentro del término municipal de Cartagena. Entre los encausados se encuentran los exconsejeros del gobierno de Murcia Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, del PP.
En el marco de este caso, ha dicho Lucas, el fiscal anticorrupción pide varios años de cárcel para los exconsejeros del PP Joaquín Bascuñana y Antonio Cerdá, a lo que se suma, «la petición de once años de prisión para el expresidente Ramón Luis Valcárcelpor el caso ‘La Sal’ y a la condena al también expresidente Pedro Antonio Sánchezpor el caso ‘Auditorio’, ha señalado.
«Se trata de una de las mayores tramas de corrupción de la historia de la Región de Murcia, que investiga la recalificación urbanística por parte de la cúpula del Gobierno regional del PP de una zona protegida del Mar Menor para permitir la construcción de diez mil viviendas», ha denunciado.
A su juicio, este caso evidencia la manera de actuar de los gobiernos regionales del PP los últimos treinta años. “Este sí es un caso de corrupción. Nosotros lo hemos dicho durante estos últimos años, y especialmente, en estos últimos meses, lo que necesita la Región de Murcia es un gobierno que garantice la democracia, la convivencia y sobre todo regenerar la vida política y pública”, ha declarado.