El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado transferir a la Asamblea Regional la información sobre presuntos cobros ilegales vinculados a adjudicaciones de las obras del AVE a la Región de Murcia, una solicitud remitida por el Parlamento autonómico en el marco de su comisión de investigación sobre estas adjudicaciones.
En el escrito de la Cámara, fechado el 19 de noviembre y firmado por su presidenta, Visitación Martínez, se trasladaba el acuerdo adoptado el 10 de noviembre por la comisión parlamentaria que trata de determinar “posibles perjuicios causados para la Región de Murcia derivados de las irregularidades en adjudicaciones de las obras de construcción de infraestructuras de alta velocidad”. En su petición, la Asamblea defendía que se trataba de documentación “precisa y relevante” para el desempeño de la labor investigadora.
El magistrado ha respondido mediante providencia en la que recuerda que el expediente reclamado coincide con parte de la pieza separada del procedimiento donde se investigan presuntos amaños de obra pública. Subraya que la ley establece que “las diligencias del sumario serán reservadas”, de modo que, incluso sin secreto decretado, “no tienen carácter público”, y que revelar indebidamente su contenido podría constituir un hecho delictivo.
Puente indica que esta reserva persigue proteger los derechos fundamentales de las partes, en particular de los investigados en esta causa especial. Además, remite al criterio fijado por el CGPJ en 2023, que aclaró sobre las comisiones parlamentarias que “los jueces y magistrados no podrán revelar por escrito, o de cualquier otra forma, hechos o circunstancias de las que hubieren tenido conocimiento por razón de su ejercicio profesional”.