Lograr que determinados problemas de salud mental y suicidios sean tratados como enfermedades laborales y accidentes laborales es todavía una asignatura pendiente en España, donde las empresas no practican una verdadera cultura de la prevención para poner coto a los factores de riesgo psicosocial que pueden derivar en esas situaciones.
Así lo han defendido este jueves la doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas de la UMU y perito especializada en suicidios y problemas de salud mental derivados del trabajo, Noelia García Guirao, y el responsable a nivel nacional de Entidades Colaboradoras con la Seguridad Social de CCOO, Jaime González, en unas jornadas organizadas en Murcia por el sindicato sobre salud laboral, centradas en la protección de la salud mental en el ámbito del empleo.
García Guirao ha lamentado que no hay datos oficiales sobre el número de suicidios que son consecuencia directa de las condiciones psicosociales en el puesto de trabajo porque, para ser considerados accidentes laborales, es necesario atravesar un proceso judicial largo y costoso que, en contadas ocasiones, acaba dando la razón al trabajador y, cuando lo hace, han pasado años desde el suceso, por lo que queda al margen de las estadísticas.
De hecho, entre 1970 y 2024 se han dictado en total en España solo 17 sentencias que vinculan directamente un suicidio con las condiciones del puesto de trabajo, y en 2023, solo 78 casos en toda España de trastornos de salud mental fueron clasificados como enfermedades laborales en lugar de como contingencias comunes.
Para el delegado sindical, estas cifras tan bajas se deben en buena medida a que las mutuas son muy restrictivas a la hora de reconocer el origen laboral de cualquier enfermedad y las de tipo mental son especialmente difíciles de demostrar, por lo que se convierte en un procedimiento largo que no siempre el trabajador está dispuesto a asumir.
Así, aunque “cada vez hay más sensibilidad” con respecto a este tema, explica García Guirao, la carga probatoria es “muy costosa” y requiere de pruebas muy específicas y difíciles de cotejar, como probar que la empresa tenía factores de riesgo psicosocial que no existían en otros entornos del trabajador afectado, como el social, el familiar o el personal.
Para Juan Blázquez, secretario de Formación Sindical y Salud laboral de CCOO Región de Murcia, uno de los principales problemas es que a día de hoy todavía son muchas las empresas que conciben la prevención como un paso que hay que cumplir para no ser sancionadas, peeo no tienen una verdadera “cultura preventiva” que invite a poner en práctica medidas que realmente eviten situaciones de enfermedad o suicidio.
En ese sentido ha lamentado que se tiende a criminalizar a los trabajadores en situación de baja por un problema de salud mental en lugar de hacer una verdadera labor de prevención para evitar los riesgos psicosociales que llevan a esos empleados a sufrir situaciones de estrés, ansiedad o depresión.
La situación se repite con otro tipo de dolencias, por ejemplo, músculo-esqueléticas o cardiovasculares, ha lamentado, que se clasifican con enfermedades comunes en lugar de laborales a pesar de tener su origen en el puesto de trabajo, por lo que ha animado a las empresa a impulsar esa auténtica labor de prevención para proteger a los empleados, ahorrando así no solo en términos de salud, sino también económicos.