La Asociación de Constructores de Murcia, ACOMUR, lamenta que tanto el Gobierno central como el regional empleasen el pasado año a las empresas públicas del Grupo Tragsa para llevar a cabo obras en la Región de Murcia sin convocar la correspondiente licitación pública, justificándolo mediante razones de emergencia o interés público.
La empresa pública, creada en 1977, tiene la consideración de medio propio personificado de la Administración, por lo que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), cualquier organismo de la Administración que forme parte de su accionariado puede recurrir a ella.
Desde Acomur indican que el Gobierno central encargó durante 2024 a esta firma obras por valor de 57.097.273,20 euros, mientras que la Administración regional hizo lo propio por un importe total de 17.123.769 euros, lo que sumá un total de 74.221.042,2 euros en la Región con cargo a la empresa pública.
Estas cifras superan el 25% del total licitado por cada una de ellas hasta noviembre de 2024, lo que constituye un claro perjuicio para las empresas regionales, a las que se deja sin opciones de conseguir esos contratos.
Algunas de las actuaciones que incluyen estas cifras son, por ejemplo, las obras de renaturalización del parque Rafael de la Cerda o las ampliaciones del Hospital Comarcal y Centro de Salud de Caravaca, unas acciones para las que se podría haber utilizado el procedimiento de urgencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, que permite acelerar los plazos sin dejar a las compañías del sector fuera del procedimiento.
La ejecución de obras a través de Tragsa supone, según Acomur, «un gran perjuicio para las entidades dedicadas a este ámbito, puesto que las tarifas de la empresa pública no incluyen el IVA».
Además, el uso indiscriminado de ella lleva aparejada una inflación en el mercado de mano de obra y maquinaria, porque Tragsa tiene que dotarse rápidamente de medios para poder realizar los trabajos que se le encomiendan.
El presidente de Acomur, José Juan González, ha querido hacer hincapié en “la competencia desleal que supone recurrir a razones de emergencia o interés público, que en realidad no lo son, para llevar a cabo obras, porque de esta manera se reduce considerablemente la actividad económica de las firmas dedicadas a la obra pública y disminuye su estabilidad financiera”.