Miles de empleados de empresas públicas como Correos, Paradores o Renfe se unirán a la movilización nacional convocada el próximo 30 de octubre por UGT, CCOO y CSIF ante el «bloqueo» a la negociación colectiva del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que mantiene congeladas las nóminas de este año de los funcionarios e impide un nuevo acuerdo salarial.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que más de 20.000 empleados de entidades públicas, claves en la economía española, siguen trabajando sin un convenio propio acorde a las características de sus puestos de trabajo.
Algunos ejemplos de estas empresas públicas son Senasa (aeronaútica), Incibe (ciberseguridad), Isdefe (defensa), el Consorcio de Compensación de Seguros (indemnizaciones) o Paradores, donde la dirección lleva cuatro años dilatando la negociación del nuevo convenio, o Fundae (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo), donde CSIF llegó a un acuerdo con la dirección para un nuevo convenio en octubre de 2022 al que Hacienda aun no ha dado luz verde.
En Tragsatec (medioambiente) que pertenece a la SEPI, también se sufren problemas de este tipo, con más de 15.000 empleados que se rigen por un acuerdo de homologación de 2011, «anticuado y que no corrige su tasa de eventualidad», la más alta del sector público, según CSIF.
Por su parte, el sindicato denuncia que los trabajadores del Consorcio de Compensación de Seguros no cobran la evaluación del desempeño, a pesar de que el acuerdo está firmado, mientras que en Isdefe no tienen convenio, y en Incibe el acuerdo colectivo data de 2011.
CSIF, que lamenta que las empresas sean reacias a negociar nuevos convenios dilatando las negociaciones, exige además implantar las 35 horas en todas las empresas públicas (la última en hacerlo fue la FNMT-Casa de la Moneda desde julio) porque «crean empleo y fomentan la conciliación sin perder dinero para los trabajadores».
La mayoría de empresas públicas en las que CSIF tiene representación «siguen dando la espalda» a la reducción de jornada, a pesar de que el Gobierno ya eliminó las limitaciones para implantarla en el sector público.
La oferta de empleo público de 2025, que también está pendiente en la gran mayoría de empresas públicas, es considerada por CSIF una medida imprescindible para rejuvenecer plantillas y combatir la alta tasa de temporalidad, que en el Grupo Tragsa, por ejemplo, se sitúa por encima del 60%, en Paradores supera el 30%, y en Correos el 20%, todas ellas muy lejos del 8% que exige Bruselas.