USO Industria ha manifestado su «preocupación» por el impacto que tendrá en el sector automovilístico español y europeo la prohibición de venta de coches nuevos con motor de combustión prevista para 2035, según ha anunciado en un comunicado.
El sindicato, que también ha reclamado «flexibilidad tecnológica» y «un proceso de transición justo que no deje a nadie atrás», ha explicado que, con la normativa actual, la Unión Europea prohibirá a partir de 2035 la venta de coches nuevos con motor de combustión (gasolina, diésel e híbridos).
«Esto obligará a los fabricantes a vender vehículos con cero emisiones, principalmente eléctricos. Aunque se podrá seguir circulando con estos vehículos, las autoridades locales podrán restringir su uso en zonas específicas y no se podrán matricular nuevos coches de combustión», ha indicado USO Industria.
Desde la organización sindical han señalado que «el debate llega en un contexto de crisis profunda en el sector automovilístico alemán, con beneficios en caída libre, que están dando lugar a supresiones masivas de puestos y cierres de plantas de producción».
«Las firmas de componentes tampoco se libran de esta crisis, que se reproduce igualmente en España y en el resto de Europa», ha añadido USO Industria.
De acuerdo con el sindicato, el sector de automoción en España es un «pilar estratégico de la economía», ya que es el segundo mayor productor de vehículos en Europa y representa aproximadamente el 10% del PIB y más del 18% de las exportaciones totales.
A su vez, USO Industria ha destacado que el sector emplea en la actualidad a más de 567.000 personas en nuestro país, que podrían verse perjudicadas.
En su comunicado, USO Industria ha exigido al Gobierno «responsabilidad» y «altura de miras» con el sector y con las personas trabajadoras, reafirmando su «compromiso» con la defensa de un proceso de transición «justo» y «con no dejar a nadie atrás», además de «impedir la brecha social de movilidad» y «facilitar la cohesión territorial».
Igualmente, la organización sindical considera que el Estado «no debe imponer de forma unilateral qué tecnologías deben adoptarse o abandonarse en un momento determinado, porque imponer esta medida supondrá el declive de la industria automotriz española y europea».
USO Industria ha defendido que la transición hacia la movilidad sostenible debe realizarse «de manera planificada, gradual y tecnológicamente abierta», para garantizar «la viabilidad industrial y el mantenimiento del empleo».